Cerca de 12,5 millones de personas en España se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, de ese número aproximadamente 4 millones viven en pobreza severa, lo que significa que viven con menos de 644 euros al mes, de acuerdo a datos estadísticos elaborados por el propio Gobierno. La problemática presentada impulsó la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020, siendo esta una prestación que busca asegurar un nivel mínimo de ingresos a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.
EL Ingreso Mínimo Vital es la primera ayuda del Estado que fue concebida como una auténtica red de seguridad para los hogares con escasos recursos. Su objetivo es «prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y no cuentan con los recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas», afirma el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Más sobre el Ingreso Mínimo Vital
Esta prestación, que es gestionada por la Seguridad Social, ya ha beneficiado a más de 3,3 millones de personas, entre ellas 1,4 millones son menores, es decir el 41% del total. En diciembre pasado, la ayuda social llegó a cerca de 800 mil hogares que reúnen a 2,4 millones de residentes, de acuerdo a la información del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La prestación media es de 483,1 euros mensuales por hogar, sin embargo la cuantía cambia según el tamaño de la unidad familiar y la existencia de discapacidad.
El Ingreso Mínimo Vital se concede, principalmente, a unidades familiares, sin embargo puede solicitarse de manera individual en ciertas circunstancias. Las personas que son mayores de 30 años, también pueden acceder a la prestación, pero siempre deben acreditar que, durante el año inmediatamente anterior al registro de la solicitud, su domicilio en España ha sido diferente al de sus progenitores, tutores o acogedores, salvo que el cese de la convivencia se hubiera debido a la muerte de estos.
La Seguridad Social indica que, en el caso de solicitantes entre 23 y 29 años, tienen que acreditar residencia legal y efectiva en España, y sobre todo haber vivido de forma independiente durante al menos los dos años previos a la solicitud. Este requisito no se solicitará cuando la persona haya abandonado su domicilio en el caso de violencia de género, esté en proceso de separación o divorcio, o sucedan otras circunstancias justificadas.
