Los gremios que conforman la Semana Santa cada vez están más profesionalizados: floristas, cererías, tesoreros… algo que no termina de ocurrir con la música, siendo éste el gremio que más tiempo lleva profesionalizado (nadie duda de la valía de músicos como Germán Álvarez-Beigbeder), aunque sin embargo no se termina de llegar a un completo reconocimiento debido en parte a la no regularización de aspectos como el cobro de los derechos de autor de las marchas procesionales que se interpretan en nuestra Semana Santa; un debate ya lejano que ha sido reabierto en Sevilla por la revista Nazarenos y que es aplicable a las cofradías jerezanas aunque con varios matices.
Para empezar, existen unos derechos llamados “de comunicación pública” que obligan al pago de los derechos económicos de autoría de las interpretaciones registradas en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), siendo indiferente el lugar en el que se interpreten las mismas, algo que debería ser también aplicado a las marchas procesionales. En este punto, Juan Infantes, jurista jerezano y enamorado de la música procesional, asegura con rotundidad que “la ley es clara. Cobrar se debería cobrar, aunque el problema es que tradicionalmente la música en la Semana Santa no ha sido objeto de tráfico mercantil”.
Los matices de los que hemos hablado anteriormente pueden ser, para empezar, las diferencias en la concesión del terreno público para la Carrera Oficial entre Jerez y Sevilla, puesto que parece ser que en Jerez “hay un acuerdo entre Ayuntamiento y Unión de Hermandades para el uso de ésta a través de una dispensa por la labor social de las Hermandades”, como afirma Juan Infantes. Esta dispensa podría llegar a eximir al Consejo de ser quien pagara estos derechos de autor, aunque el presidente del mismo, Dionisio Díaz, afirma que sobre este tema “no se sabe nada”, añadiendo que la Carrera Oficial en Jerez “no es un recinto cerrado”, por lo tanto desde el consejo abogan por dejar pasar este tema sin abrir la “caja de Pandora”. Con estos matices, Infantes, en un intento por buscar quién debería pagar estos derechos, avala que deberían abonarse por parte de quien “hace uso del repertorio, siendo en este caso la hermandad y, si nos ponemos exquisitos, podríamos decir incluso que deberían ser abonados por quien interpreta el repertorio, es decir, las bandas”.
Los compositores, ante esta disyuntiva, deberían de acudir a la SGAE, que es quien regula y administra los derechos de autor en España. Una sociedad que deja claro que “desde siempre, por normativa interna, no interviene en esos derechos porque esa misma normativa impide que intervengamos en los derechos de lo que se interpreta en actos religiosos o sacros”. Este posicionamiento hace que los compositores, muchos de ellos profesionales, prefieran dar un paso al lado y simplemente cobrar los encargos que les realizan de las marchas y olvidarse del cobro de los derechos.
Ante esto, Infantes sostiene que “entiendo que a la SGAE socialmente no le interesa meterse en esto”, en parte por el escarnio social al que sería sometida, aunque éste sea un tema que recurrentemente sale a relucir. Este jurista añade que “la SGAE suele cobrar en función de la categoría del establecimiento, los metros, las horas… y el problema que hay es determinar cuánto vale cada marcha, aunque hay soluciones para todo”.
Autores como Cristóbal López Gándara o David Hurtado, quienes tienen marchas dedicadas a cofradías de la ciudad de Jerez, son claros en el posicionamiento: los derechos en las marchas procesionales deberían de ser regulados y reconocidos, no ya por una cuestión económica -puesto que las cantidades monetarias de las que hablamos no darían de comer a nadie- sino por una puesta en valor de la figura del compositor.
Desde el pensamiento de algunos de los compositores han nacido propuestas como realizar una obra social a la que vaya destinado todo el dinero recaudado de estos derechos, ya que, como hemos dicho, la cantidad de dinero de la que se está hablando por marcha es ínfima, esto siempre y cuando los autores quieran sumarse a esta iniciativa, aunque el sentir general es favorable.
En definitiva, tenemos una problemática que difícilmente será regulada; en primer lugar, porque la SGAE, que es quien debería controlar este aspecto, se lava las manos amparándose en si es o no la Semana Santa un espectáculo, por lo que los compositores, desamparados, se encaminan hacia la dejadez y simplemente a cobrar -o no- por la realización de las marchas y dejar de lado la puesta en valor de los derechos de sus marchas procesionales. Todo ello, teniendo en cuenta que, como hemos dicho al comienzo, no es un debate nuevo, por lo que quizás dentro de 20 años volvamos a hablar de lo mismo.
