Los autónomos en España tiene derecho a percibir una prestación económica en el momento en que una enfermedad o accidente les impida ejercer su actividad profesional. Pero el acceso a esta ayuda no es automático ni depende solamente de presentar un parte médico. La normativa que está vigente establece una serie de condiciones indispensable que deben cumplirse escrupulosamente para poder obtener los beneficios de este derecho.
Desde que se aprobó el Real Decreto-ley 28/2018, el sistema de protección social experimentó cambios importantes. La normativa introdujo la cotización obligatoria por incapacidad y ciertas contingencias profesionales para aquellos que desarrollan su actividad de manera independiente, equiparando en cierta medida sus derechos a los trabajadores asalariados.
Este avance es un hito importante en la protección social de un grupo que estuvo desprotegido históricamente en ese aspecto. La implementación de estas medidas han permitido que más de 3,3 millones de autónomos en España puedan integrar una red de seguridad económica cuando por ciertas circunstancias de salud les impide generar ingresos. Sin embargo, la complejidad del sistema y los múltiples requisitos generan dudas frecuentes entre este colectivo.
Requisitos solicitados a los autónomos en España
El primero es indispensable: debes estar dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en el momento en que se produzca la contingencia que le imposibilite trabajar. Asimismo, es importante que cuente con el respectivo informe médico que certifique y justifique la situación de incapacidad temporal.
Al tratarse de una enfermedad común o accidente no laboral, la normativa exige haber cotizado un mínimo de 180 días durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la baja. El periodo de carencia busca garantizar una contribución previa al sistema antes de lograr beneficiarse de sus prestaciones.
Otro aspecto que los autónomos en España desconocen es la necesidad de estar al corriente en los pagos de la Seguridad Social. Así, la normativa contempla cierta flexibilidad: si hay deudas pendientes, se dispone de un plazo de 30 días para regularizar la situación sin perder el derecho a la prestación.
El sistema de protección diferencia entre distintas situaciones que pueden dar lugar al cobro del subsidio. La enfermedad común y el accidente no laboral constituyen una primera categoría, con características y porcentajes particulares de cobertura. Por otro lado, la enfermedad profesional y el accidente laboral establecen una segunda categoría con condiciones más favorables para el trabajador. Para este caso, no se exige periodo de carencia previo, esto significa que los autónomos en España que acaban de darse de alta pueden acceder a la prestación.
Del mismo modo, el sistema contempla la prestación por nacimiento y cuidado del menor, esto permite que los padres disfruten de un periodo protegido tras el nacimiento o adopción. La medida busca equiparar los derechos de maternidad y paternidad con los del régimen general. Si ocurren situaciones graves, como cuando las secuelas impiden volver a ejercer la actividad profesional de forma permanente, puede tramitarse una pensión por incapacidad permanente, con distintos grados de acuerdo a la gravedad de las limitaciones.
Cuantías para el autónomos en España
El importe que recibirá el autónomo en España durante su baja depende sobre todo de la base reguladora, la misma que se calcula dividiendo la base de cotización del mes anterior entre 30 días. Aquí, se aplican distintos porcentajes de acuerdo al tipo de contingencia y el tiempo transcurrido. Si existe enfermedad común o accidente no laboral, el trabajador no percibe cantidad alguna durante los tres primeros días. A partir del cuarto día y hasta el vigésimo, cobra el 60% de la base reguladora. Desde el día 21 en adelante, el porcentaje se incrementa al 75% de la base.
Las condiciones mejoran sobremanera cuando la baja proviene de accidente laboral o enfermedad profesional. Bajo estos supuestos, el trabajador percibe el 75% de la base reguladora desde el primer día de baja, sin periodo de espera ni escalado de manera progresiva. Sobre la prestación por nacimiento o cuidado del menor, la cobertura alcanza el 100% de la base reguladora, calculada sobre la media de cotización de los seis meses anteriores al hecho que causó la enfermedad. La medida simplemente pretende garantizar que los profesionales independientes no vean mermados sus ingresos durante este periodo.
